Un día después de que un tribunal de Ecuador negase el recurso de fianza solicitado por la defensa de Bini, el abogado dijo a Efe que «hasta el día de hoy» no saben «de qué se le acusa».

Además, tilda de «arbitraria» la detención por considerar que no se respetaron los derechos del extranjero, cuyo caso está en instrucción fiscal por noventa días, desde el 13 de abril cuando se dio la audiencia de formulación de cargos.

Se espera para julio próximo una audiencia en la que se justifique una posible acusación o un eventual dictámen abstentivo e, independientemente del resultado, los abogados preparan un juicio contra el Estado, primero en Ecuador y luego en el exterior, dijo.

Con resultados adversos hasta ahora para el sueco en las audiencias de apelación a la prisión preventiva y la de caución, la defensa analiza la posibilidad de un hábeas corpus o de un nueva audiencia de sustitución de medidas.

No obstante, Soria está claro de que para esta última se encontrarán con el «requisito» de que deben haber cambiado las circunstancias por las que se dictó la prisión preventiva, cuyas razones aún desconocen.

Bini «está en una acefalia jurídica por la injerencia política que tiene este caso en el sistema judicial ecuatoriano», comentó.
Ecuador detuvo a Bini el mismo día que puso fin al asilo de Assange, bajo la premisa de que ambos pudieron formar parte de una red que supuestamente vulneró la integridad de los sistemas informáticos del país suramericano.

Además, la amistad de Bini con el fundador de WikiLeaks fue esgrimida por la acusación fiscal, así como una presunta falta de colaboración del sospechoso y la cantidad de literatura informática y equipos tecnológicos decomisados en su detención y en el allanamiento a su vivienda en Ecuador, donde vive desde 2013.

Sin conocer las razones para la detención, Soria dice que está defendiendo «del poder político» al sueco, a quien se refiere como «el primer preso político del gobierno de Lenín Moreno».

Recordó que todo inició el 11 de abril con declaraciones de la ministra del Interior, María Paula Romo, cuando en una rueda de prensa dijo, entre otras cosas, que «hace varios años vive en Ecuador uno de los miembros claves de WikiLeaks y persona cercana al señor Julian Assange».

Romo aseguró entonces que poseían «evidencia suficiente» de que el sujeto colaboraba «con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno», pero no reveló ningún nombre y tampoco mencionó la nacionalidad del individuo al que se refería.

Hoy, el letrado se mostró preocupado por la salud mental de Bini «porque él no entiende por qué un Gobierno decidió ensañarse con él y meterlo preso únicamente porque es amigo de Julian Assange».

El sueco visitó una docena de veces a Assange mientras estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012.
Bini, a quien -según Soria- «se lo está inculpando por ser amigo» del australiano, «no tiene relación alguna con WikiLeaks, nunca la ha tenido y no la tendrá, y tampoco ha sido colaborador» de Assange.

Añadió que Bini tiene un registro de 150 viajes desde y hacia Ecuador pues es «uno de los desarrolladores de software más reconocidos en el mundo en temas de seguridad y privacidad».

Además del Reino Unido, entre los países visitados figuran Suecia, Holanda, Venezuela y Brasil.

En el marco del caso, se incautaron varios equipos al sueco, entre ellos más de diez computadores, memorias externas, routers de internet y teléfonos, entre otros.

Según el abogado, Bini -a quien se le ha caducado ya su visado-, analizaría la posibilidad de entregar las claves para que las autoridades tengan acceso al material que está encriptado.

«Cuando ustedes me digan de qué me están acusando, qué es lo que hice, pensaría en la posibilidad de abrirles mis equipos para que ustedes vean qué es lo que tengo», ha dicho Bini, según el letrado.

Añadió que se está deteriorando la salud de Bini, quien está encerrado en una habitación de dos por dos metros, destinada a una sola persona, pero que comparte con otras ocho personas, encerradas por no pagar pensiones alimenticias para sus hijos.

La detención del informático, de 37 años, ha despertado críticas de varias ONG de defensa de la libertad de expresión y prensa, así como una petición de explicaciones por parte del Gobierno de Suecia.

Incluso el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria solicitó al Estado información sobre la detención. EFE

YS